9 Jul No hay comentarios ICP Santiago Noticias Legislativas

A pocos días de que se cumpla un año de la intervención por parte del FROB del Banco Popular y su posterior adjudicación por 1 euro al Banco Santander so pretexto de una presunta falta de liquidez que llevaban controlando diariamente las unidades creadas por el entonces Presidente al efecto, nos encontramos -según hemos conocido a través de la prensa- con algunos avances más que relevantes.

La Audiencia Nacional mantiene que los hechos a investigar son los relativos a la ampliación de capital de 2016 y los que se refieren a la presunta manipulación del mercado los meses/días antes del desastre. Y sostiene esto porque la información que lanzaba el Sr. Saracho a los mercados unida a las posiciones en corto, influyeron sobremanera en la mayúscula caída del precio de la acción. Junto al Sr. Saracho y por estos hechos, está siendo investigado el conocido empresario mejicano Antonio Del Valle, contra el que dirige la acusación algún perjudicado concreto, y que previsiblemente, si atendemos a las manifestaciones del Presidente de la CNMV en el Congreso, poca o nula responsabilidad tendrá, hasta el punto que no es descartable que se convierta en un perjudicado más. Si recordamos, él mismo capitaneó a un número nada desdeñable de inversores mejicanos allá por el 2012, en una ampliación hecha ad hoc, que desembolsaron más de 500 millones en la entidad, fiándose de los datos que les facilitaron y que parece que no se ajustaban a la realidad, si bien esto es lo que hay que demostrar.

No obstante, las acusaciones se esfuerzan en dar argumentos de entidad suficiente para que el instructor amplíe la investigación de lo ocurrido a 2012. No es descabellado pensar que lo que ocurrió con la imagen falsa que se vendió a los inversores para que acudieron a la ampliación de 2016 no fue un hecho aislado y que la presunta información inveraz que se llevó a las cuentas, la presunta ocultación de datos que ha caracterizado la ampliación del 2016 y por tanto, la presunta irresponsable gestión que se desprende de todo ello, se llevaba arrastrando cuando menos desde el 2012, si es que no incluso con anterioridad.

Así lo han puesto de manifiesto en el Congreso el presidente de la asociación de inspectores del Banco de España, cuando respondía de forma clara y contundente a la pregunta ¿se han llegado a retrasar las pérdidas en el caso del Banco Popular? A la que literalmente contestó “Ustedes pueden averiguarlo. Les animo encarecidamente a que soliciten todos los informes de inspección, todos los correos electrónicos de los equipos inspectores al menos desde 2006-2007 hasta la actualidad (…) existen 20.000 millones (de Euros) de riesgo promotor, que no están abonando ni principal ni intereses y que, sin embargo, continúan devengando beneficios en la cuenta de resultados. Eso es mucho más que retrasarse en el reconocimiento de pérdidas. Porque no solamente no se reconocen pérdidas, es que se siguen devengando ingresos contables…”

Y así se desprende del informe que ha remitido la Agencia Tributaria -según indican los medios de comunicación- al juez instructor del asunto del Banco Popular del que presuntamente se desprende que el Banco concedió préstamos incobrables a ciertos clientes morosos. Si bien parece ser que el informe se refiere a una empresa concreta con nombre y apellidos, no parece descartable que tal forma de proceder por parte de la entidad se refiera a un hecho aislado, sino a una práctica dentro de los planes de venta de la propia entidad. Con esta práctica la empresa en cuestión evitaba entrar en causa de disolución tal y como le exige la Ley de Sociedades de Capital, y por su parte el Popular, como había avanzado el presidente de la asociación de inspectores del Banco de España, no contabilizaba las pérdidas de los créditos, circunstancia que evidente inevitablemente tendría su impacto en la imagen del estado de cuentas que se presentaron para la ampliación de capital de 2016.

Curiosamente, la empresa a la que hace referencia el informe absorbió en su momento otra empresa que fue condenada en el 2016 por hechos del 2008, en concreto, por manipulación de mercado. Cuando su presidente lanzó al mercado la falacia de que un grupo de ilustres inversores mejicanos querían comprar un paquete importante de acciones con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización. El condenado trataba por todos los medios de elevar el precio de la acción, cuya fluctuación a la baja, por ese entonces, estaba provocando que se perdieran importantes sumas de dinero.

Siguiendo con las curiosidades que rodean este asunto, tal y como se ha publicado por algún medio de comunicación, el referido presidente de la compañía y a su vez propietario del 3,5% del Banco Popular, vio como otra empresa al mismo vinculada recibía en el 2014 la condonación de una deuda de nada más y nada menos que 220 millones de euros por parte del Banco Popular.

Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, cabe, como mínimo indiciariamente, presumir que el Banco Popular no operaba conforme al marco legal (al menos en lo relativo al Plan General Contable y a la Ley de Sociedades de Capital), y, lo que es más triste y preocupante, en mi opinión, no parece que lo comentado fuera una hecho aislado, sino, presuntamente, una forma de hacer las cosas.

 

Fuente:  http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/07/05/5b3cfb93468aebad2c8b45ab.html